De Gaza a Ceuta: Sánchez eleva el choque con Israel al terreno de la seguridad nacional

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La mera amplificación internacional de la crisis de Ceuta no constituye por sí misma evidencia de injerencia. Ceuta se encuentra en el entorno del Estrecho de Gibraltar, un espacio de relevancia estratégica, marítima, comercial y de seguridad internacional.
• El umbral probatorio relevante no es la visibilidad de la noticia, sino el mecanismo utilizado. Cobertura, amplificación orgánica, propaganda abierta, influencia encubierta y participación operacional son categorías diferentes.
• El Gobierno ha hecho pública una acusación más limitada que la interpretación inicial de las palabras de Sánchez. Moncloa ha hablado de amplificación procedente de determinados espacios digitales, pero no ha presentado públicamente una cadena que atribuya al Estado de Israel la organización de la entrada masiva.
• España e Israel mantienen antecedentes documentados de cooperación en terrorismo, crimen organizado, inteligencia, seguridad y defensa. El deterioro diplomático actual no elimina esa dimensión histórica de la relación.
• Una atribución estatal exigiría indicadores adicionales: coordinación demostrable, financiación, tasking, infraestructura controlada, identidades falsas, documentación interna o una conexión verificable entre operadores digitales y la acción física.
• El interés estratégico legítimo y una eventual operación de influencia pueden coexistir. Que resulte razonable que actores israelíes sigan y difundan una crisis del Estrecho no permite concluir que toda actividad observada sea inocua; exige determinar exactamente qué ocurrió.
• La carga de sostener una imputación estatal corresponde al Gobierno que la formula. Si existen elementos sensibles que no pueden hacerse públicos íntegramente, sí puede proporcionarse una síntesis, metodología, indicadores y nivel de confianza sin revelar capacidades clasificadas.

Por Neil Fernandez · 3 de septiembre de 2026

La cuestión ya no es si actores vinculados a Israel hablaron de Ceuta. En un enclave situado junto al Estrecho de Gibraltar, esa atención es previsible. La cuestión es qué evidencia permite convertir atención, propaganda o amplificación en una atribución de injerencia estatal.

El problema no es que Ceuta se amplifique

La discusión sobre Israel y Ceuta necesita una corrección de partida. Amplificar un acontecimiento no es, por definición, una conducta hostil. Una crisis fronteriza de gran escala en Ceuta, situada junto a uno de los pasos marítimos más sensibles del Mediterráneo occidental, es exactamente el tipo de acontecimiento que medios, gobiernos, centros de análisis, comunidades digitales y actores políticos de numerosos países van a observar, comentar y amplificar.

El Estrecho de Gibraltar no es una periferia informativa. Es una arteria marítima, comercial, militar y de seguridad que conecta Atlántico y Mediterráneo. La propia OTAN llegó a desplegar escoltas y vigilancia antiterrorista específica en el Estrecho dentro de la operación Active Endeavour. Por tanto, que un episodio de desbordamiento fronterizo en Ceuta alcance redes israelíes, estadounidenses, europeas, rusas o magrebíes no constituye en sí mismo una anomalía. En términos estratégicos, sería más extraño que una crisis de esa naturaleza pasara inadvertida.

La pregunta correcta no es quién habló de Ceuta. Tampoco quién consiguió que un contenido tuviera más alcance. La pregunta es si existió una actuación engañosa, coordinada y atribuible a un Estado destinada a manipular el entorno informativo español o, en un nivel todavía más grave, a intervenir en la generación material del acontecimiento.

El Estrecho convierte una crisis local en un asunto internacional

La geografía importa. Ceuta se encuentra en el entorno inmediato del Estrecho de Gibraltar, un punto de paso que durante décadas ha formado parte de la planificación de seguridad occidental. Después de los atentados del 11-S, la OTAN amplió su operación antiterrorista en el Mediterráneo para proteger determinados tráficos a través del Estrecho, considerado especialmente vulnerable por su estrechez, densidad marítima y valor para las líneas de comunicación.

Esa realidad obliga a separar dos conceptos que con frecuencia se mezclan en el debate público: interés estratégico e injerencia. Un Estado, un medio o una comunidad política puede tener razones legítimas para prestar atención a una crisis que afecte a una vía marítima esencial, a la frontera exterior europea, a movimientos migratorios, a redes criminales o a la estabilidad del Mediterráneo occidental. Ese interés puede ser intenso sin convertirse automáticamente en una operación de influencia hostil.

Naturalmente, el interés estratégico también puede ser explotado por actores que pretendan polarizar o desinformar. Una cosa no excluye la otra. Precisamente por eso el análisis necesita indicadores que permitan distinguir observación, cobertura y debate de una campaña encubierta.

España e Israel: una relación de seguridad que no puede borrarse del contexto

La relación actual entre Madrid y Jerusalén está profundamente deteriorada, pero el análisis no debería borrar la historia de cooperación bilateral. España e Israel establecieron durante años mecanismos formales de colaboración en seguridad, lucha antiterrorista, crimen organizado e intercambio de información.

En 2007, los ministerios responsables de seguridad de ambos países firmaron un acuerdo para reforzar el intercambio de información e inteligencia estratégica y operativa frente al terrorismo y la delincuencia transnacional. En 2012 volvieron a ampliar ese marco, incluyendo terrorismo, crimen organizado, inmigración irregular, trata, blanqueo, ciberdelincuencia y delincuencia tecnológica avanzada. En 2014, Interior defendía públicamente una cooperación estrecha y un intercambio fluido de información sobre redes yihadistas con capacidad de operar entre Europa y Oriente Medio.

También existió cooperación en defensa. En 2010, los ministros de Defensa de España e Israel suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en política de Defensa, dentro de una relación que se desarrollaba además en el marco del Diálogo Mediterráneo de la OTAN.

Nada de esto convierte a Israel en un aliado formal de España equivalente a un miembro de la OTAN, ni obliga a Madrid a coincidir con el Gobierno israelí sobre Gaza, Palestina o cualquier otra cuestión. Sí demuestra que Israel no ha sido históricamente un actor ajeno a la arquitectura española de seguridad. Ha sido un socio en ámbitos concretos, especialmente en terrorismo, delincuencia transnacional, tecnología e intercambio de información. Cuando una relación de ese tipo pasa de la cooperación a una insinuación de desestabilización, el estándar de atribución debe ser especialmente riguroso.

Lo que Sánchez dijo y lo que Moncloa precisó

El 31 de agosto, Pedro Sánchez afirmó en la Cadena SER que los bulos y la desinformación relacionados con la crisis migratoria de Ceuta habían sido expandidos en redes “asociadas tanto a Rusia como a Israel” y a una “internacional ultraderechista”. Lo vinculó con actores que, según su argumentación, utilizan la migración para atacar y dividir a España y Europa.

La respuesta israelí fue inmediata. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó al presidente español de mentir. La encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Erlich, rechazó igualmente el señalamiento y sostuvo que Israel estaba siendo utilizado como una “cortina de humo”. Rusia negó también cualquier participación y pidió pruebas.

Un día después, la formulación gubernamental fue más precisa. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que existían “evidencias” e “informes internos de Exteriores” sobre foros y espacios digitales vinculados a Rusia e Israel. Sin embargo, el nivel descrito públicamente fue el de amplificación de la crisis y polarización, no el de organización material de la entrada masiva.

Esa diferencia cambia el análisis. Si lo que los informes prueban es amplificación, debe evaluarse qué tipo de amplificación fue. Si prueban una campaña coordinada e inauténtica, el Gobierno debe explicar sus indicadores. Si prueban tasking estatal, financiación o infraestructura controlada por instituciones israelíes, la acusación adquiere otro nivel. Pero una asociación geográfica o política de cuentas no basta para saltar automáticamente de “hablar de Ceuta” a “operar contra España”.

Amplificación legítima, influencia y operación encubierta

Una metodología más precisa permite distinguir al menos cinco niveles.

El primero es cobertura: medios y usuarios comparten información sobre un acontecimiento real. El segundo es amplificación orgánica: comunidades con afinidades políticas impulsan contenidos porque consideran que confirman sus posiciones. El tercero es advocacy o propaganda abierta: actores políticos, organizaciones o instituciones promueven deliberadamente un relato, pero lo hacen desde identidades reconocibles. El cuarto es una operación de influencia encubierta: se emplean identidades falsas, coordinación inauténtica, automatización, financiación oculta o infraestructura diseñada para simular apoyo espontáneo. El quinto es participación operacional: el actor informativo está conectado mediante órdenes, financiación, logística o comunicaciones con quienes provocan o ejecutan el acontecimiento físico.

Esos cinco niveles no son equivalentes. Los tres primeros pueden ser políticamente agresivos, parciales o incluso propagandísticos sin constituir necesariamente una operación clandestina. Los dos últimos requieren evidencia mucho más fuerte.

Por eso, el hecho de que contenidos sobre Ceuta fueran amplificados desde espacios israelíes no puede convertirse por sí solo en una imputación estatal. También es cierto lo contrario: que la amplificación sea explicable por el interés geopolítico del Estrecho no demuestra que toda actividad fuera inocua. Lo que hace falta es identificar el mecanismo concreto.

Qué tendría que demostrar una atribución estatal

Si el Gobierno español pretende mantener que existió una actuación israelí de desestabilización, hay varios tipos de evidencia que podrían sostenerla: cuentas controladas o dirigidas por organismos estatales; coordinación demostrable entre operadores; financiación; instrucciones; infraestructura técnica común; campañas de identidades falsas; documentación interna; comunicaciones de tasking; o una cadena temporal que conecte a esos operadores con la preparación física del acontecimiento.

También sería relevante demostrar manipulación deliberada: material fabricado, vídeos falsos, reutilización coordinada de imágenes, atribuciones fraudulentas o campañas diseñadas para crear una percepción inexistente sobre el terreno.

En ausencia de ese tipo de puente, el lenguaje debería ser proporcional a lo probado. “Redes vinculadas a Israel amplificaron contenidos sobre Ceuta” es una proposición. “El Estado de Israel desarrolló una operación contra España” es otra completamente distinta.

El caso ruso no resuelve el caso israelí

El tratamiento de Rusia ofrece una referencia útil precisamente porque las instituciones europeas han diferenciado entre explotación informativa y causalidad. Según la información citada por el Gobierno y medios españoles, Bruselas ha reconocido operaciones rusas que aprovecharon posteriormente la crisis de Ceuta, sin afirmar que Moscú provocara la entrada masiva.

El principio debe aplicarse de manera simétrica. Si un actor ruso, israelí, marroquí, español o de cualquier otra procedencia aprovecha políticamente un acontecimiento después de que ocurra, eso puede constituir propaganda o influencia. No demuestra automáticamente que estuviera detrás del acontecimiento.

Una atribución seria no se construye preguntando qué actor se beneficia del relato. Se construye reconstruyendo quién hizo qué, cuándo, con qué infraestructura, bajo qué instrucciones y con qué vínculo demostrable con el resultado.

La paradoja de Ceuta

La acusación contra Israel resulta aún más delicada porque coincide con una crisis cuyo componente marroquí continúa sujeto a investigación y debate. El Gobierno español ha elogiado públicamente la cooperación de Marruecos y ha sostenido que no dispone de indicios de participación marroquí en la entrada masiva. Al mismo tiempo, existen investigaciones policiales, periodísticas y analíticas abiertas sobre lo ocurrido durante el 30 y 31 de julio y sobre el comportamiento de los dispositivos a ambos lados de la frontera.

Nada de ello permite afirmar que Rabat organizara la entrada. Pero tampoco sería metodológicamente coherente cerrar una atribución por ausencia de prueba pública mientras se eleva otra mediante una categoría tan amplia como “redes asociadas”.

El estándar debería ser único para todos: separar origen físico, facilitación, omisión, propaganda, amplificación y explotación posterior. Solo después puede hablarse de responsabilidad estatal.

Una relación bilateral que merece precisión, no inmunidad

Defender un estándar más exigente para atribuir una operación a Israel no significa concederle inmunidad política. Israel puede desarrollar propaganda, campañas de comunicación e influencia exterior como cualquier otro Estado. Puede recibir críticas por Gaza, por sus decisiones militares, por sus políticas diplomáticas y por cualquier actividad informativa que pueda demostrarse.

La cuestión es que España e Israel comparten una historia de cooperación en ámbitos especialmente sensibles: terrorismo, crimen organizado, intercambio de inteligencia, seguridad tecnológica y defensa. Ambos países han afrontado durante décadas amenazas terroristas y han construido mecanismos de colaboración precisamente porque determinadas amenazas atraviesan fronteras.

Ese antecedente no impide una ruptura política. Pero sí aumenta el coste estratégico de convertir una disputa diplomática en una acusación de hostilidad estatal sin mostrar la evidencia que permite distinguir una cosa de la otra.

La prueba corresponde ahora al Gobierno

Moncloa afirma disponer de informes internos. Es perfectamente posible que parte de la evidencia sea sensible y no pueda publicarse íntegramente. Ningún estándar razonable exige revelar fuentes humanas, capacidades técnicas o procedimientos clasificados.

Pero entre publicar un informe completo y no ofrecer ninguna cadena de atribución existe un amplio espacio. El Gobierno puede presentar una síntesis desclasificada, indicadores técnicos, cronología, categorías de actores, metodología de atribución y nivel de confianza. Eso permitiría entender si estamos ante cobertura partidista, propaganda abierta, coordinación inauténtica o una verdadera operación estatal.

Si la evidencia se limita a foros, cuentas o comunidades que amplificaron una crisis estratégicamente relevante para el Mediterráneo, la formulación presidencial fue demasiado amplia. Si existe una estructura estatal detrás, el interés público exige que el Ejecutivo explique, al menos en términos generales, por qué está seguro.

El límite real no es amplificar; es manipular y dirigir

Ceuta merece cobertura internacional precisamente porque está donde está. El Estrecho de Gibraltar, la frontera exterior de la Unión Europea, la seguridad marítima, las rutas migratorias, el terrorismo y el crimen transnacional convierten cualquier crisis allí en un asunto con implicaciones que superan a la ciudad.

Por eso no debería construirse una acusación alrededor de la mera visibilidad. El hecho de que una noticia sea amplificada desde Israel no es por sí mismo incriminatorio. Tampoco lo sería que medios estadounidenses, franceses, británicos o marroquíes la situaran en sus agendas.

El umbral de seguridad nacional comienza en otro punto: manipulación encubierta, coordinación inauténtica, tasking estatal, financiación secreta, infraestructura controlada o conexión demostrable con la acción física.

Pedro Sánchez tiene derecho y, si dispone de información relevante, incluso la obligación de advertir sobre una injerencia extranjera. Pero precisamente porque ocupa la Presidencia del Gobierno, su lenguaje de atribución debe distinguir con precisión entre interés, cobertura, propaganda e injerencia.

España puede discrepar profundamente de Israel y mantener una relación bilateral deteriorada. Lo que no debería hacer ningún Gobierno es convertir la existencia de atención internacional sobre una crisis en prueba suficiente de una operación contra el Estado. En inteligencia, el dato decisivo nunca es quién habló más alto. Es quién dirigió, quién coordinó y qué puede demostrarse.