Ceuta y Melilla en la zona gris: inteligencia, presión híbrida y la batalla por la frontera sur de España

Semanas de señales públicas, avisos institucionales y una alerta del CNI precedieron al colapso del 30 de julio. El Gobierno español no necesitaba adivinar una cifra exacta para elevar su preparación: necesitaba decidir cuándo una acumulación de indicadores justificaba actuar como si el peor escenario fuera posible. La crisis expuso tanto la dependencia de la contención marroquí como las grietas entre información, evaluación y decisión dentro del propio Estado.

El 29 de julio, Ceuta ya parecía una ciudad acercándose a un límite. En la última quincena habían llegado alrededor de 1.500 personas, el sistema de protección de menores estaba muy por encima de su capacidad y cientos aguardaban para acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Dos días antes, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma habían trasladado la emergencia “al más alto nivel institucional” y reclamado una respuesta extraordinaria e inmediata. Aquella mañana, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas advirtió de que, si el ritmo continuaba, la ciudad podía acercarse a cifras como las de la crisis de mayo de 2021.

Ese mismo 29 de julio, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Centro Nacional de Inteligencia detectó una convocatoria en Facebook y WhatsApp para intentar entrar en Ceuta al día siguiente. Uno de los grupos citados por la ministra reunía alrededor de 180.000 usuarios. El mensaje, según su reconstrucción, proponía aprovechar la Fiesta del Trono y una previsible reducción de la presencia policial en el lado marroquí.

Veinticuatro horas después, el escenario cambió de escala. El Gobierno sitúa en unas 72.000 las personas que entraron irregularmente durante el 30 y el 31 de julio. A finales de agosto, Reuters contabilizaba 82 fallecidos en el lado español y 14 confirmados por Marruecos: casi un centenar de vidas perdidas en una frontera que llevaba semanas enviando señales.

La defensa política basada en que nadie podía anticipar exactamente 72.000 entradas coloca el listón en el lugar equivocado. La alerta temprana no consiste en adivinar una cifra; consiste en reconocer cuándo varios indicadores independientes convergen y el coste de no prepararse supera al de sobrerreaccionar. Para el 29 de julio, Ceuta combinaba saturación de acogida, crecimiento anómalo de entradas, advertencias institucionales, incidentes repetidos y una convocatoria digital concreta. La pregunta ya no era si podía demostrarse que cruzarían 72.000 personas, sino por qué esa combinación no produjo antes un escalado operativo proporcional al riesgo.

No era una frontera ciega

La idea de que el 30 de julio apareció de la nada no resiste la cronología. El Departamento de Seguridad Nacional ya registraba a finales de marzo 1.819 entradas terrestres en Ceuta, un 435% más que un año antes. A 15 de julio eran 2.826, un 150% más interanual. Los datos no pronosticaban una avalancha. Sí describían una anomalía persistente en un momento en que el conjunto nacional no mostraba una evolución comparable.

Tampoco faltaban dispositivos de vigilancia. Desde el 10 de junio estaba activa MINERVA 26, operación conjunta dirigida por la Policía Nacional y coordinada con Frontex en Algeciras, Ceuta y Tarifa. El dispositivo podía reunir hasta 137 expertos de distintos perfiles entre los tres puertos y tenía entre sus objetivos controlar flujos, detectar delincuencia transfronteriza y obtener información útil para investigaciones operativas. El propio ministro del Interior ha confirmado, además, que existían informes diarios del CNI, CIFAS, Policía y Guardia Civil sobre materias que incluían la migración.

Por eso el episodio no se entiende bien como una ausencia absoluta de información. Se parece más a un problema de evaluación y umbral. Fernando Grande-Marlaska explicó después que hasta el 29 de julio se habían registrado 1.026 entradas a nado y que Marruecos había interceptado a otras 2.857 personas. Para Interior, ese diferencial reforzaba la expectativa de que la contención marroquí seguía funcionando. Los mismos datos podían leerse, por tanto, de dos maneras: como evidencia de una presión creciente o como evidencia de que el sistema todavía la absorbía.

Hay además una dependencia que Interior conocía y utilizó como argumento de tranquilidad: la contención marroquí. Si 2.857 interceptaciones en Marruecos frente a 1.026 entradas a nado servían para concluir que el sistema resistía, entonces la eficacia práctica de la frontera española descansaba en una variable que Madrid no controlaba. Eso no es un detalle táctico. Es una vulnerabilidad estratégica, y debía formar parte de cualquier evaluación sobre qué podía ocurrir si esa capa de contención disminuía, se retrasaba o simplemente era desbordada.

Esa tensión es el núcleo del trabajo de inteligencia. Acumular señales no basta. Hay que decidir qué hipótesis merece recursos extraordinarios, qué indicador obliga a elevar la alerta y cuánto riesgo se acepta cuando el peor escenario parece improbable. El 30 de julio, los refuerzos extraordinarios alcanzaron su nivel más visible cuando la entrada masiva ya estaba en marcha; el despliegue del Ejército se anunció públicamente al final de la tarde.

Ese salto entre alerta y acción es uno de los problemas más difíciles de cualquier sistema de inteligencia. Las señales rara vez llegan en el mismo formato ni con el mismo grado de fiabilidad: una estadística muestra tendencia; una unidad sobre el terreno describe capacidad; una red social revela intención declarada; una fuente de inteligencia añade contexto; y la cooperación de un tercer Estado modifica el cálculo operativo. El reto consiste en fusionar esas piezas y fijar umbrales antes de conocer el desenlace. Si el umbral es demasiado bajo, el sistema moviliza recursos extraordinarios ante cada alarma y termina perdiendo credibilidad; si es demasiado alto, puede reconocer correctamente cada señal por separado y, aun así, reaccionar tarde al patrón conjunto. La crisis de Ceuta expone precisamente esa brecha entre warning y action: no solo qué información existía, sino cuándo esa información debía dejar de ser seguimiento y convertirse en preparación para un escenario de baja probabilidad y consecuencias extremas.

“La crisis no demuestra que faltara información. Demuestra lo difícil que es convertir señales dispersas en una decisión extraordinaria antes de que sea demasiado tarde.”

La responsabilidad no termina en los servicios de inteligencia

El CNI puede detectar una convocatoria; Policía y Guardia Civil pueden medir presión; la Delegación del Gobierno puede describir saturación; Frontex puede aportar vigilancia. Pero convertir esas señales en refuerzos, coordinación interministerial y una postura de crisis es una decisión política. La responsabilidad del Ejecutivo no depende, por tanto, de demostrar que conocía de antemano la cifra final. Depende de si el aparato que dirige fue capaz de transformar la información disponible en una preparación acorde con el riesgo. El resultado del 30 de julio obliga a concluir que esa conversión llegó tarde.

La discusión pública posterior agravó esa impresión. Defensa sostuvo que el CNI había avisado de una convocatoria concreta; Interior y la Delegación del Gobierno negaron que existiera una alerta capaz de anticipar lo ocurrido. Puede haber una diferencia semántica entre un informe formal y un aviso verbal o electrónico, pero un mes después el Gobierno de Pedro Sánchez seguía sin ofrecer un relato único sobre qué se comunicó, a quién y con qué nivel de gravedad. Para un sistema de seguridad nacional, esa falta de trazabilidad no es solo un problema de comunicación política: dificulta auditar dónde terminó la información y dónde comenzó la decisión.

La secuencia posterior también importa. La Moncloa empezó a celebrar reuniones específicas de coordinación el 7 de agosto y repitió el formato el día 17. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nacional no se reunió de forma extraordinaria hasta el 25 de agosto, veintiséis días después del estallido, cuando la crisis seguía abierta. Ese día el Gobierno formalizó además la situación de interés para la Seguridad Nacional. Nada de esto demuestra por sí solo negligencia previa; sí muestra que la arquitectura política de crisis alcanzó su máximo nivel formal mucho después de que Ceuta hubiera sido desbordada.

El 30 de julio no empezó en la playa

La frontera física fue el último eslabón visible. Antes hubo una frontera digital. Una investigación de Maldita.es reconstruyó actividad en 21 grupos de Facebook relacionados con Ceuta, Fnideq -Castillejos- y comunidades harraga. El 21 de julio ya había usuarios buscando compañeros con experiencia para cruzar; el 24 aparecían propuestas de desplazamiento en kayak; y el 27 se difundió el primer enlace localizado por el medio a un grupo de WhatsApp creado específicamente para intentar entrar en Ceuta dentro de una comunidad de Facebook cercana a los 200.000 miembros.

Entre finales de julio y comienzos de agosto, Maldita identificó al menos 19 enlaces diferentes a grupos de WhatsApp difundidos repetidamente. Facebook operaba como escaparate y captación; parte de la conversación migraba después a espacios más cerrados. Esa arquitectura demuestra capacidad de movilización. No demuestra, por sí sola, quién la dirigía.

A la movilización se añadió un catalizador informativo. Una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de personas que accedían a nado fue simplificada hasta convertirse en una idea mucho más poderosa: la frontera estaba, de hecho, abierta. Maldita examinó más de 1.100 publicaciones en árabe vinculadas con la sentencia y Ceuta y detectó que, el propio 30 de julio, una misma formulación engañosa se reprodujo más de doscientas veces. EFE Verifica ha documentado después una segunda oleada de desinformación, esta vez dirigida a reinterpretar la crisis y alimentar discursos de odio dentro de España.

La información falsa no necesita convencer a todo el mundo. Solo necesita reducir durante unas horas la percepción del riesgo de suficientes personas. Pero tampoco conviene convertir a quienes cruzaron en piezas de un tablero. La propaganda, el rumor o una expectativa jurídica solo funcionan cuando encuentran condiciones previas: desigualdad, expectativas económicas, redes familiares, frustración, desesperación o la percepción de una oportunidad excepcional.

Capacidad no es intención

Aquí es donde el análisis debe hacerse más preciso, no más espectacular. El Ministerio del Interior español atribuyó inicialmente la crisis a redes de tráfico de personas que estaban instrumentalizando la sentencia del Supremo y, al mismo tiempo, agradeció a Marruecos haber impedido miles de intentos. Rabat ofreció después una explicación parecida: habló de explotación del espacio digital, información engañosa, redes de trata e interpretaciones erróneas de información jurídica y administrativa. Marruecos sostuvo además que había reforzado vigilancia y control terrestre y marítimo.

Esas versiones no resuelven la atribución. Hasta hoy no existe evidencia pública suficiente para afirmar que el Gobierno marroquí ordenara o dirigiera la entrada del 30 de julio. El precedente de 2021, la capacidad marroquí para modular los flujos o la coincidencia con una festividad nacional pueden ser relevantes para analizar contexto, capacidad y oportunidad. No sustituyen una orden, un registro operativo, una comunicación autenticada o una atribución oficial.

El mejor experimento comparativo llegó dos semanas después. Ante una nueva convocatoria para el 15 de agosto, un análisis de fuentes abiertas de la Guardia Civil consideró real la llamada y potencialmente movilizadora, pero dejó dos cuestiones abiertas: la magnitud y la autoría. El informe tampoco identificó a un Gobierno, organización criminal o estructura única como responsable. Sí señaló algo decisivo: la prevención marroquí sería determinante.

Esta vez el dispositivo cambió antes del evento. En el lado español se desplegaron alrededor de 900 policías y 700 guardias civiles, casi 500 efectivos más que durante el 30 de julio según la Cadena SER. Marruecos reforzó carreteras, accesos y el entorno de Fnideq con miles de efectivos. Hubo intentos, interceptaciones y detenciones vinculadas a convocatorias digitales, pero no una entrada colectiva comparable. La conclusión que permite la evidencia es limitada pero importante: Marruecos posee capacidad para dificultar de forma drástica una movilización cuando activa anticipadamente sus capas de control. Eso demuestra capacidad. No demuestra cuál fue su intención el 30 de julio.

La frontera española empieza en Marruecos

Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas situadas en la costa norte de África, separadas por cientos de kilómetros y convertidas en frontera terrestre exterior de la Unión Europea. España puede reforzar vallas, espigones, vigilancia marítima, Policía, Guardia Civil o Fuerzas Armadas. Pero una parte decisiva de la prevención sucede antes de que alguien alcance territorio español: en carreteras, estaciones, playas, ciudades y controles del norte de Marruecos.

La geografía amplifica esa vulnerabilidad. El Estrecho de Gibraltar no es únicamente un corredor migratorio: conecta Atlántico y Mediterráneo y forma parte de una de las áreas marítimas de mayor valor estratégico para España. La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima recuerda que más de 100.000 buques atraviesan cada año el Estrecho y que cualquier perturbación significativa del tráfico puede tener consecuencias económicas mucho más allá de la región. En el mismo espacio convergen tráfico comercial y de pasajeros, rutas energéticas y militares, comunicaciones submarinas, narcotráfico, contrabando y migración irregular. Ceuta y Melilla ocupan, por tanto, un borde geográfico excepcional: son territorio español y europeo en África, próximas a un cuello de botella marítimo global y conectadas políticamente a una relación bilateral con Marruecos que combina cooperación cotidiana, competencia de intereses y una disputa de soberanía no resuelta.

La vulnerabilidad estructural no está, por tanto, únicamente en la valla. Está en que parte de la profundidad preventiva se encuentra fuera de la soberanía española. Madrid califica la cooperación marroquí de esencial y Rabat se presenta como un socio fiable en la gestión migratoria. Al mismo tiempo, Marruecos mantiene abierta su reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla.

El 21 de agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a invocar un supuesto “derecho histórico y geográfico” sobre ambas ciudades y propuso un mecanismo de diálogo sobre su futuro. España rechazó de forma tajante esa pretensión. La declaración no demuestra relación causal alguna con los acontecimientos de julio. Sí recuerda el contexto geopolítico en el que opera la cooperación fronteriza.

Europa conoce además un precedente inequívoco. En junio de 2021, el Parlamento Europeo rechazó expresamente la utilización por Marruecos del control fronterizo, la migración y los menores como instrumento de presión política contra España. Aquel episodio no puede utilizarse como una plantilla automática para atribuir 2026. Pero tampoco puede eliminarse de la memoria estratégica. La relación bilateral combina cooperación indispensable con una capacidad de presión que ya ha sido reconocida institucionalmente en el pasado.

Dos ciudades, un sistema bajo presión

Ceuta concentró la mayor parte de las imágenes, pero Melilla mostró el carácter de doble teatro de la crisis. Entre los días de mayor presión se registraron 1.323 intentos de entrada en Melilla; 1.063 personas fueron retornadas y unas 260 permanecían en la ciudad según el balance del 4 de agosto. El número de menores bajo protección pasó de 166 a finales de junio a 312. El cierre temporal de Beni Enzar obligó además a crear un comité de crisis para atender a alrededor de 1.500 viajeros afectados por la interrupción de la Operación Paso del Estrecho.

La escala fue muy inferior a Ceuta, pero estratégicamente importa. Dos ciudades separadas requieren dispositivos independientes de vigilancia, acogida, logística y seguridad. Una presión simultánea no necesita alcanzar la misma intensidad para obligar al Estado a dividir capacidades.

La dimensión europea tampoco es retórica. La Comisión Europea ha recordado que el acervo de Schengen se aplica a Ceuta y Melilla y que sus fronteras con Marruecos son fronteras exteriores del espacio Schengen. Una disrupción simultánea en ambas ciudades obliga así a trabajar en varios planos a la vez: control fronterizo, salvamento, acogida y asilo, protección de menores, investigación criminal, coordinación diplomática y comunicación pública. La ventaja de quien genera presión -aunque esa presión sea descentralizada y carezca de un director identificable- está en multiplicar los dilemas del defensor. Para Madrid, la cuestión deja de ser cuántas personas alcanzan una valla concreta y pasa a ser cuántos sistemas deben absorber al mismo tiempo una anomalía que puede cambiar de intensidad, ruta o narrativa en cuestión de horas.

El Estrecho añade además una economía clandestina que precede a cualquier convocatoria viral. En 2025, Policía Nacional y Europol desarticularon una red que ofrecía un “paquete completo” Marruecos-Ceuta-Algeciras, con alojamiento en pisos de seguridad y precios de hasta 14.600 euros por persona. Tras el 30 de julio aparecieron organizaciones que captaban a personas ya presentes en Ceuta para venderles un segundo trayecto hacia la Península. Las redes criminales no tienen que crear una crisis para convertirla en mercado.

La dimensión humana impide reducir todo esto a flujos y capacidades. A finales de agosto, Interior estimaba que unas 5.000 personas seguían en Ceuta, 1.500 de ellas menores. Las autoridades seguían identificando víctimas de una tragedia que dejó decenas de cadáveres sin nombre y familias buscando desaparecidos a ambos lados de la frontera. Una política de seguridad que ignore esa realidad humana no solo sería moralmente insuficiente: también entendería peor las motivaciones que hacen posible cualquier movilización.

Lo que el sistema construyó después

Las decisiones adoptadas después de la crisis son reveladoras. No prueban automáticamente negligencia previa, pero sí permiten comparar la arquitectura existente antes del 30 de julio con la que el propio Estado consideró necesaria después. El 4 de agosto, los ministros de Interior de la Unión Europea pidieron mejorar el conocimiento compartido de la situación y desarrollar sistemas de alerta temprana, citando expresamente la inteligencia prefronteriza y la monitorización de redes sociales. También reclamaron una comunicación de crisis más coordinada frente a la manipulación informativa y la injerencia extranjera.

El 25 de agosto, España declaró formalmente la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El real decreto activó una célula permanente de coordinación, situó al Departamento de Seguridad Nacional como apoyo del mecanismo de gestión e integró al Centro Nacional de Inteligencia entre los organismos de la estructura de crisis. El día siguiente, otro real decreto habilitó los recursos necesarios. Tres días después, Interior pidió a la Unión Europea más apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo.

La paradoja es difícil de eludir. Frontex ya estaba presente antes del 30 de julio mediante MINERVA 26. Los servicios de información ya producían reportes. Las estadísticas públicas ya mostraban una anomalía. Las autoridades locales ya habían elevado la emergencia. Y, sin embargo, después del colapso fue necesario reforzar la coordinación nacional, activar formalmente la arquitectura de Seguridad Nacional y pedir más apoyo europeo. El problema no era la ausencia de sensores; era que el sistema previo no consiguió convertirlos a tiempo en una imagen común suficientemente alarmante como para desencadenar una respuesta proporcional.

En inteligencia, esa diferencia es fundamental. Un sistema puede disponer de casi todas las piezas y seguir sin ver a tiempo la figura que forman juntas.

La zona gris no necesita una conspiración

El concepto de “zona gris” se usa a menudo como sinónimo de operación secreta. Es un error. Una zona gris es, precisamente, un espacio en el que la frontera entre normalidad, presión y conflicto resulta difícil de fijar. Información, migración, diplomacia, coerción limitada, crimen organizado, actores privados y decisiones administrativas pueden producir efectos estratégicos sin que exista una guerra abierta ni una cadena de mando única.

Ceuta y Melilla reúnen casi todos los ingredientes de esa ambigüedad: una disputa territorial activa, dependencia de la cooperación de un tercer Estado, redes digitales capaces de acelerar una movilización, desinformación que modifica percepciones, economías criminales que explotan los movimientos y una frontera europea cuya estabilidad práctica depende parcialmente de decisiones tomadas fuera de Europa.

Nada de ello permite afirmar que el 30 de julio fuera una operación híbrida dirigida por Marruecos. Hacerlo sin pruebas convertiría el análisis en propaganda. Pero una vulnerabilidad estratégica no deja de existir porque la atribución sea incompleta. De hecho, la ambigüedad puede ser parte de la vulnerabilidad: dificulta saber cuándo responder, contra quién y con qué intensidad.

La lección para España no consiste en exigir a sus servicios que predigan lo impredecible. Consiste en exigir al Gobierno que defina y aplique mejores umbrales de decisión. Si una ciudad lleva semanas bajo presión, sus sistemas de acogida están saturados, las autoridades locales reclaman una respuesta extraordinaria, aparece una convocatoria digital masiva y esa convocatoria coincide con una posible reducción de la presencia policial al otro lado, la pregunta no debería ser si alguien puede garantizar que mañana cruzarán 72.000 personas. La pregunta es cuánto cuesta prepararse para un escenario de baja probabilidad y consecuencias extremas frente a cuánto cuesta equivocarse por defecto. En julio de 2026, España descubrió el precio de la segunda opción.

La batalla por la frontera sur de España no se libra únicamente sobre una valla. También se libra en la capacidad para leer señales, en el teléfono de quienes reciben una convocatoria, en las carreteras que conducen a la frontera, en la relación con Marruecos, en los tiempos de decisión de Madrid y en la disputa por explicar después qué ocurrió y por qué.

Ceuta y Melilla llevan décadas en el mapa. Lo que ha cambiado es el tipo de mapa que hace falta para entenderlas.