Ceuta, dos versiones dentro del Estado: lo que Interior niega y lo que el informe del CENIF sí dice

HALLAZGOS PRINCIPALES

• El CENIF analiza el 30-J como un proceso planificado y no como una entrada espontánea o incidental.
• El informe describe una planificación previa, una dirección estratégica y una configuración táctica destinada a saturar primero el sistema fronterizo y reducir después la capacidad de reacción española.
• El CENIF califica la actuación marroquí durante la fase crítica como, “cuando menos, de total permisividad”, y atribuye a efectivos uniformados indicaciones para acceder por el agua y gestión del flujo hacia zonas determinadas.
• El informe diferencia entre actividad operativa sobre el terreno, planificación previa y autoría estratégica; esta última continúa sin ser individualizada.
• Existieron comunicaciones policiales previas los días 27 y 29 de julio, incluida una alerta remitida mediante CEFRONT sobre riesgo de entradas previsto para el día 30.
• La cuestión probatoria pendiente se desplaza ahora hacia la cadena de recepción, escalado y respuesta de esas alertas.
• La capacidad marroquí para contener una nueva convocatoria quedó demostrada posteriormente el 15 de agosto, pero esa diferencia no prueba por sí misma una orden deliberada de permitir el 30-J.

El documento policial de 55 páginas describe un 30-J planificado, una respuesta marroquí de “total permisividad”, agentes uniformados guiando cruces y alertas emitidas antes del colapso. Interior sostiene, al mismo tiempo, que ningún informe atribuye a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución y que el autor intelectual sigue sin identificar.

Por Neil Fernandez · 3 de septiembre de 2026 · Madrid / Ceuta

La noche del 2 de septiembre España discutía Ceuta en dos planos distintos. En la ciudad autónoma, miles de personas salieron a la calle para reclamar una respuesta a la crisis abierta el 30 de julio. En Madrid, una concentración frente al Congreso terminó con intervención policial después del lanzamiento de objetos contra los agentes. Al mismo tiempo, dentro del propio Estado se abría otra disputa: qué decía realmente el informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la mayor entrada irregular registrada en Ceuta y hasta dónde alcanzaban sus conclusiones.

La controversia no es semántica. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, entregó a la magistrada María Tardón un informe de 55 páginas que analiza lo ocurrido los días 30 y 31 de julio como un proceso con un antes, un durante y un después. La copia examinada por EL ESTÁNDAR sostiene que el episodio no fue incidental ni espontáneo, atribuye funciones de guía sobre el terreno a efectivos marroquíes y describe una estructura de planificación y dirección que va más allá del patrón habitual de las redes de tráfico de migrantes.

Horas después de que el contenido del documento saltara a la prensa, el director general de la Policía, Francisco Pardo, trasladó a Fernando Grande-Marlaska que “no existe informe policial alguno” que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los hechos. La misma respuesta añadió que la autoría intelectual continúa sin identificarse y rebajó el aviso policial del 29 de julio a una alerta de riesgo frecuente que, según Interior, no anticipó una entrada masiva al día siguiente.

Las dos afirmaciones pueden convivir solo si se separan tres niveles que el debate público está mezclando: conducta operativa sobre el terreno, planificación previa y autoría estratégica. El informe sí formula conclusiones duras sobre los dos primeros. En el tercero establece un techo probatorio explícito: no ha individualizado a las personas que ocuparían el nivel superior de dirección.

El problema ya no es si existió una alerta. El problema es quién la recibió, cómo se valoró y qué cambió en el dispositivo antes del colapso.

Un informe que no trata el 30-J como una explosión espontánea

Desde su introducción, el CENIF descarta analizar el 30-J como un episodio puramente migratorio. El documento habla de un “proceso” que exige estudiar una fase previa, una fase central y una fase posterior, y sostiene que sus efectos exceden el ámbito local de Ceuta y se proyectan sobre seguridad pública, defensa, política interna y dimensión internacional.

En sus conclusiones, la unidad policial va más lejos. Afirma que no se trata de algo incidental asociado a un factor ocasional, que existen elementos de experiencia previa respecto de episodios de 2021 y 2024 y que la secuencia de 2026 fue más compleja y elaborada. El informe identifica una planificación previa, una dirección estratégica y una configuración táctica destinada primero a saturar el sistema de gestión fronteriza y después a reducir la capacidad de reacción española.

La lógica descrita es concreta: una primera fase de cruces a nado obliga a detraer recursos hacia rescate y contención; una vez saturado el sistema y abiertas las puertas del área de recepción, cambia progresivamente el perfil de quienes acceden y aparecen familias, mujeres y niños, lo que limita todavía más la capacidad de una respuesta coercitiva sobre el perímetro. Esa secuencia es una interpretación policial, no una sentencia judicial, pero forma parte del núcleo analítico del documento remitido a la Audiencia Nacional.

“Total permisividad” y guías uniformados: lo que el informe sí atribuye

La parte más comprometida para la relación con Rabat aparece en las páginas dedicadas a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. El CENIF afirma que durante los días 30 y 31 de julio la respuesta policial al otro lado de la frontera fue, “cuando menos, de total permisividad”, y añade que no se registró una tentativa seria de reducir, dispersar o alejar a la masa del perímetro fronterizo durante la fase crítica del día 30.

El documento no se limita a describir pasividad. Recoge entrevistas a personas que cruzaron la frontera y análisis de vídeos disponibles en fuentes abiertas, y sostiene que efectivos uniformados daban indicaciones para acceder por el agua en el entorno del Espigón de El Tarajal y gestionaban el flujo hacia zonas predeterminadas. También describe individuos no uniformados que, según el análisis policial, monitorizaban, impulsaban o dirigían a la multitud y, en algunas imágenes, impartían instrucciones a personal uniformado.

Aquí está una de las fronteras que el artículo debe preservar. El propio informe utiliza categorías como “presuntos agentes” para parte de esos individuos no uniformados y apoya la identificación funcional en comportamiento, contexto, vestimenta y relación con los dispositivos policiales. Sin las 24 fichas individuales y los vídeos que el documento enumera como anexos, no puede darse por establecida la identidad orgánica de cada persona observada. Conducta compatible con mando no equivale, por sí sola, a una identificación de servicio de inteligencia.

El CENIF sostiene que hubo guía y control sobre el terreno. No sostiene que haya identificado al responsable político o institucional que ordenó el proceso.

La clave que reconcilia —solo en parte— a Interior con su propio informe

Interior niega que exista un informe que atribuya a las fuerzas marroquíes la “planificación o ejecución” del 30-J. Leído literalmente, el documento del CENIF obliga a matizar esa respuesta. La Policía sí atribuye a uniformados marroquíes acciones de guía y gestión del flujo, y sí infiere una planificación previa del proceso. Lo que no cierra es quién ocupa el denominado nivel superior de dirección.

La matriz interna del propio informe diferencia escalones. En el nivel de campo sitúa a uniformados y a individuos no uniformados con conductas de liderazgo y control. En el nivel de planificación deduce una preparación previa a partir de la secuencia temporal, la viralización digital y la comparación con crisis anteriores. Y en el nivel de dirección concluye que el proceso requería una elevada capacidad de influencia y coordinación, pero reconoce que no ha podido individualizar a sus responsables.

Esa distinción es decisiva. Decir que no está identificado el autor intelectual es compatible con que el informe atribuya determinadas conductas a fuerzas de seguridad marroquíes. Lo que no es compatible con el texto es reducir toda la discusión a la ausencia de una firma estatal en la cúspide y presentar eso como si el documento no contuviera atribuciones operativas sobre el terreno.

La Audiencia Nacional todavía no ha adoptado esas conclusiones como hechos judicialmente probados. El informe es una pieza de análisis policial enviada a la magistrada para ayudar a decidir el alcance y la competencia de una eventual investigación. Esa diferencia protege tanto la precisión jurídica como la fuerza de lo que sí está documentado.

27 y 29 de julio: las alertas que existieron antes del colapso

La segunda gran historia contenida en el dosier no mira a Marruecos, sino a la cadena de información española. El índice de anexos registra un Formulario de Comunicación de Hechos Relevantes fechado el 27 de julio, remitido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta al Centro Nacional de Comunicaciones. El asunto del documento incluye la expresión “Entrada masiva a nado”.

Dos días después, el 29 de julio, el CENIF emitió una alerta remitida a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos, CEFRONT, a los puestos de Ceuta y Melilla. El propio índice del informe dice que la alerta trataba del riesgo de entradas previsto para el 30 de julio. No es una reconstrucción periodística posterior: forma parte de la relación documental que el CENIF incorpora al expediente judicial.

Eso no demuestra que la Policía predijera una entrada de 70.000 u 80.000 personas. El texto íntegro de la alerta de dos páginas no figura en la copia de 55 páginas examinada por este medio, y la versión pública de Interior sostiene que no existió alusión a una entrada masiva al día siguiente. Por tanto, la magnitud exacta prevista sigue abierta. Pero la existencia de una alerta específica, fechada el 29 y dirigida a Ceuta y Melilla para un riesgo previsto el día 30, ya modifica la pregunta institucional.

CEFRONT no es un buzón administrativo cualquiera. El Ministerio del Interior lo describe como un centro de trabajo permanente, capaz de visualizar puestos fronterizos en tiempo real y diseñado para reaccionar inmediatamente ante incidencias graves. Por eso, una vez acreditado que el aviso viajó por ese canal, el vacío relevante deja de ser la pertinencia del destinatario y pasa a ser otro: recepción, acuse, escalado, órdenes y cambios de recursos.

El secreto judicial explica una cosa. No explica la otra

La explicación ofrecida por la cúpula policial para justificar que Pardo y Marlaska no conocieran el informe de 55 páginas es una orden de la jueza Tardón que habría impedido a los investigadores informar a sus superiores durante la elaboración del documento. Si esa instrucción tuvo el alcance descrito, puede explicar por qué el director general o el ministro no conocieron antes el producto judicial elaborado después de los hechos.

Pero esa cadena empieza después del 30-J. No puede explicar retroactivamente qué ocurrió con los avisos operativos del 27 y 29 de julio. Son dos circuitos diferentes: uno es el producto judicial posterior; el otro son comunicaciones de prevención previas al colapso. Mezclarlos oculta, en lugar de resolver, la cuestión central de mando.

El V143 del ledger de investigación de EL ESTÁNDAR mantiene precisamente esa separación. La pieza decisiva ya no es la existencia de la alerta, sino el rastro de distribución: quién la recibió, a qué hora, qué prioridad se asignó, qué órdenes emitió cada escalón y si hubo una modificación verificable del dispositivo. La respuesta de la Guardia Civil solicitada por la magistrada sobre eventuales avisos previos continúa siendo, además, una rama independiente de enorme valor probatorio.

La paradoja del 30-J: elogio público y diagnóstico posterior

El mismo 30 de julio, mientras la crisis seguía desarrollándose, Interior publicó un comunicado en el que destacó la colaboración con Marruecos y agradeció a sus autoridades los esfuerzos que, según el ministerio, habían impedido miles de intentos de migración irregular. El informe posterior del CENIF describe, sin embargo, una zona crítica del Tarajal con presencia sensiblemente reducida, ausencia de dispersión seria y conductas de guía por parte de determinados efectivos.

No es obligatorio elegir una de las dos fotografías y descartar la otra. Es posible que hubiera interdicción marroquí en determinadas horas o sectores y, al mismo tiempo, permisividad o facilitación en otros. La cronología y la geografía importan. Precisamente por eso las afirmaciones globales —“Marruecos ayudó” o “Marruecos dejó pasar”— son menos útiles que reconstruir qué ocurrió por franjas horarias, unidades y puntos de acceso.

El contraste con el 15 de agosto refuerza la pregunta sobre capacidad. El CENIF señala que la segunda convocatoria fue contenida de manera efectiva por la estructura de seguridad marroquí. El ledger documenta además un dispositivo posterior más denso, con controles terrestres, barreras, medios marítimos y vigilancia aérea. Esa diferencia confirma capacidad de contención. No demuestra, por sí sola, una orden deliberada de permitir el 30-J.

Lo que el CENIF deja fuera de su propia certeza

El valor del informe aumenta cuando se leen también sus límites. La Policía no identifica a la persona, organismo o gobierno que habría ocupado la cúspide de la dirección estratégica. Tampoco convierte a las organizaciones criminales habituales en autores de la movilización: el documento sostiene que, pese al elevado conocimiento policial de esas redes y a miles de investigaciones recientes, no consta referencia alguna de ellas promoviendo la entrada masiva. Las sitúa, en cambio, como beneficiarias oportunistas posteriores para el traslado clandestino de personas a la Península.

Queda además evidencia subyacente que esta redacción no ha podido examinar. El índice del informe enumera diez fichas de agentes uniformados, 24 fichas de “agentes dinamizadores”, un informe técnico de 61 páginas sobre la organización digital y cinco vídeos, incluido uno de ocho minutos y 46 segundos que combina imágenes de uniformados y dinamizadores. Sin ese paquete, algunas de las inferencias más sensibles —especialmente la identidad de los no uniformados— deben mantenerse en el nivel de evaluación policial, no de hecho independiente reproducido.

Esa disciplina importa porque el documento contiene formulaciones de enorme alcance. En una de sus conclusiones llega a describir el efecto de la crisis sobre el CNI como una posible “acción de contra-inteligencia ofensiva de manual”. Es una valoración del CENIF. No una atribución judicial cerrada. Confundir ambas cosas sería debilitar el expediente, no fortalecerlo.

Las calles ya han entrado en la investigación

Mientras el Estado discutía el significado del informe, la crisis produjo el 2 de septiembre una movilización social de alcance nacional. En Ceuta, la marcha por el Día de la ciudad transcurrió mayoritariamente de forma pacífica y reunió a miles de personas. En Madrid, una concentración posterior frente al Congreso terminó con intervención antidisturbios después del lanzamiento de objetos, además de consignas racistas de algunos asistentes. Son episodios distintos y deben contarse como tales.

El Gobierno ha respondido en paralelo con un plan de choque de 309 millones de euros para Ceuta, incluida una partida de 90 millones en seguridad, y mantiene que debe actuarse con cautela antes de señalar políticamente a Marruecos. A las 09:00 de este jueves 3 de septiembre, Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo desde el 30-J. Esa comparecencia añadirá nuevas afirmaciones a una cadena que ya puede contrastarse documentalmente.

La disputa real no es si el informe “culpa a Marruecos” en abstracto. Es qué conducta atribuye, a qué nivel, con qué evidencia y hasta dónde llega la cadena de mando que todavía falta por cerrar.

La pregunta que queda abierta

El informe del CENIF no cierra el caso. Lo cambia.

Hasta ahora, una parte del debate público giraba alrededor de si existieron señales suficientes antes del colapso y de si Marruecos tenía capacidad para contener una movilización de gran escala. El documento policial desplaza ambas cuestiones. Confirma que existieron comunicaciones previas dentro del sistema policial, describe un proceso planificado y atribuye conductas activas a efectivos marroquíes en el terreno. Al mismo tiempo, reconoce que la autoría intelectual superior no está identificada.

La investigación, por tanto, ya no puede reducirse a un dilema binario entre “Marruecos fue” y “Marruecos no fue”. Hay preguntas más precisas y más incómodas: qué ocurrió en cada tramo del perímetro marroquí; quiénes eran realmente los individuos no uniformados; quién diseñó la campaña digital; quién recibió las alertas del 27 y 29 de julio; qué orden se dio después de recibirlas; y qué explica que la capacidad de contención que se vio semanas después no apareciera con la misma densidad en las horas decisivas del 30-J.

Las respuestas no están todavía todas en el expediente. Pero una parte esencial del terreno ya ha cambiado: negar que exista una autoría intelectual identificada no borra las observaciones de campo del informe, y el secreto de una investigación judicial posterior no borra las alertas operativas emitidas antes de que la frontera colapsara.

A partir de aquí, el caso se decide en los registros. Acuses de recibo. Libros de incidencias. Órdenes de servicio. Comunicaciones de CEFRONT. Registros del Centro Nacional de Comunicaciones. La respuesta de la Guardia Civil. Los anexos audiovisuales del CENIF. Y, si existen, las comunicaciones que unan el nivel de campo con el nivel de dirección que la propia Policía todavía no ha podido individualizar.

En Ceuta, la calle ya ha pedido respuestas. En el Congreso, el Gobierno tendrá que darlas. La diferencia entre relato y evidencia se medirá ahora documento a documento.