La red invisible: cómo Marruecos construyó durante años una arquitectura de inteligencia en España

HALLAZGOS PRINCIPALES

• Los casos públicos abarcan diferentes gobiernos y más de tres décadas, lo que apunta a un problema estructural y no partidista.
• Los expedientes conocidos muestran una combinación recurrente de cobertura oficial, colaboradores locales, vigilancia de objetivos e influencia.
• Cooperación y contrainteligencia no son fenómenos excluyentes: Marruecos puede ser simultáneamente socio operativo y objetivo de vigilancia española.

Sentencias de la Audiencia Nacional, informes atribuidos al CNI y más de tres décadas de episodios públicos permiten reconstruir un patrón recurrente de cobertura oficial, colaboradores locales, vigilancia de opositores y operaciones de influencia. La paradoja es que Rabat es, al mismo tiempo, uno de los socios de seguridad más importantes de Madrid.

El 16 de mayo de 1990, el ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, recibió en Madrid al número dos del Frente Polisario, Bachir Mustafá Sayed. De aquella conversación salió un resumen enviado por telegrama cifrado a la Embajada de España en Rabat. Tres días después, el jefe del entonces CESID, Emilio Alonso Manglano, comunicó a Exteriores que tenía la certeza de que el texto íntegro del documento estaba ya en poder de la Embajada de Marruecos en Madrid.

La investigación interna no consiguió identificar al responsable de la filtración. Marruecos negó cualquier implicación. Fernández Ordóñez calificó el episodio de muy grave. Lo relevante, visto más de tres décadas después, no es convertir aquel caso sin resolver en la primera pieza de una conspiración retrospectiva. Es observar que ya entonces la contrainteligencia española situaba entre los intereses prioritarios de Rabat la política española hacia el Sáhara Occidental y el Magreb, la defensa, Ceuta y Melilla y la propia comunidad marroquí residente en España.

Treinta y seis años después, una sucesión de informes del CNI, expedientes administrativos y sentencias de la Audiencia Nacional permite mirar ese problema con mucha más precisión. No existe una resolución pública que declare probada la existencia de una única red nacional, jerárquica y permanente de espionaje marroquí en España. Lo que sí existe es algo quizá más útil para entender cómo trabajan los servicios de inteligencia: fragmentos repetidos de una misma arquitectura.

La estrategia de “gran magnitud”

En 2011, un informe secreto del Centro Nacional de Inteligencia remitido a Interior, Exteriores y Defensa describía, según publicó EL PAÍS, una “estrategia de gran magnitud” diseñada por el régimen marroquí para extender su influencia e incrementar el control sobre la comunidad marroquí en España. Un documento conjunto de Interior y Justicia de 2009 expresaba una preocupación similar: Rabat buscaba detectar oposición al régimen, vigilar corrientes islamistas ajenas a la oficial y mantener capacidad de influencia sobre una diáspora que ya entonces contaba con cientos de miles de personas.

La formulación exige cuidado. Un consulado es una institución legítima. Una fundación religiosa, una asociación cultural o una mezquita no se convierten en estructuras de inteligencia por recibir financiación extranjera, mantener relaciones con diplomáticos o defender posiciones próximas a Rabat. La pertenencia étnica, la religión, la nacionalidad de origen o la proximidad política tampoco son prueba de reclutamiento. Precisamente por eso resultan tan importantes los casos en los que el CNI y los tribunales sí describen relaciones concretas de colaboración.

El patrón que emerge de esos casos no necesita imaginar una organización clandestina separada del mundo normal. Al contrario: la inteligencia exterior suele aprovechar canales ordinarios —contactos diplomáticos, relaciones comunitarias, vínculos personales, acceso profesional, incentivos económicos— y solamente una fracción de ellos cruza el umbral que permite hablar de un activo o colaborador. La tarea de la contrainteligencia consiste en distinguir el entorno del activo.

Los expedientes de nacionalidad que abrieron una ventana al espionaje

Durante la última década, procedimientos de nacionalidad española han dejado al descubierto una cantidad inusual de información sobre la preocupación del CNI por las actividades marroquíes. Son casos administrativos, no condenas penales por espionaje. Esa diferencia es esencial: los tribunales estaban decidiendo si concurrían razones de seguridad nacional suficientes para denegar la nacionalidad, no juzgando un delito de espionaje.

En una sentencia de 2020, la Audiencia Nacional reprodujo un informe del CNI según el cual un residente en Las Palmas había mantenido una “relación de plena colaboración con la inteligencia exterior marroquí”, realizando actividades contrarias a intereses nacionales españoles. El expediente señalaba además un nexo familiar con un responsable del servicio exterior marroquí destinado durante años en el consulado de Gran Canaria.

En otra resolución, de septiembre de 2022, la Audiencia Nacional confirmó la denegación de nacionalidad a un trabajador del entorno consular marroquí. El informe del CNI incluido en la sentencia aseguraba tener constancia de su “estrecha colaboración”, desde su llegada en 2016 al consulado de Marruecos en Madrid como “agente local”, con quien el propio documento describía como jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España.

En 2023, otra sentencia reveló que el CNI había detectado en 2010 una red dedicada a recopilar información sobre el Frente Polisario y sobre la comunidad marroquí residente en España. Meses después, un nuevo fallo salió a la luz: el CNI atribuía a otro residente una colaboración con los servicios de Rabat desde 1999. EL PAÍS contabilizaba entonces siete decisiones judiciales publicadas desde 2013 en las que aparecían sospechas de colaboración con el espionaje marroquí.

Los expedientes son distintos y no prueban que todos los afectados formaran parte de una única estructura coordinada. Pero colocados en una misma línea temporal revelan un repertorio estable: responsables oficiales, accesos consulares en casos concretos, colaboradores residentes durante largos periodos, seguimiento de opositores y de la diáspora, y relaciones que pueden mantenerse durante años antes de aparecer en un procedimiento público.

Una red que mira hacia dentro y hacia fuera

Los objetivos ayudan a entender la lógica. Para Rabat, España no es solamente un país extranjero. Es el antiguo poder colonial del Sáhara Occidental, alberga una de las mayores comunidades marroquíes de Europa, administra Ceuta y Melilla, controla junto a Marruecos uno de los corredores estratégicos del Mediterráneo occidental y participa decisivamente en la posición europea sobre migración, comercio, pesca, seguridad y el conflicto saharaui.

Eso crea dos necesidades de inteligencia diferentes. La primera mira hacia el Estado español: política exterior, seguridad, defensa, Sáhara, Ceuta y Melilla y decisiones que pueden afectar a intereses marroquíes. La segunda mira hacia la propia sociedad: opositores, activistas saharauis, miembros de la diáspora y actores capaces de influir en la política de Rabat o en la percepción de Marruecos dentro de España.

Los casos judiciales publicados muestran con especial claridad esta segunda dimensión. El CNI ha descrito recogida de información sobre el Polisario y ciudadanos marroquíes residentes en España. El informe de 2011 atribuía además al régimen un interés sistemático por controlar políticamente su comunidad. La existencia de ese objetivo no convierte a la comunidad marroquí en objeto de sospecha; demuestra lo contrario: que una población civil puede ser también objetivo de vigilancia de su propio Estado de origen.

Cuando obtener información ya no es suficiente

La actividad de inteligencia no termina necesariamente en obtener secretos. En determinados contextos, el objetivo puede ser modificar decisiones, generar costes o moldear el entorno informativo. La crisis abierta en 2021 por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ofrece el ejemplo público más detallado.

Un informe reservado del CNI fechado el 24 de junio de 2021, difundido posteriormente por EL PAÍS, sostuvo que los servicios marroquíes habían activado una doble estrategia “judicial y mediática” destinada a acosar a Gali, dificultar su movilidad y crear un clima de opinión favorable a los intereses de Rabat. El documento atribuía a Marruecos el uso de recursos económicos, la reactivación de denuncias y la movilización de actores en España. Las personas y organizaciones mencionadas en aquella información negaron, en distintos casos, recibir dinero o trabajar para los servicios marroquíes.

El objetivo que el CNI atribuía a esa campaña era explícitamente político: presionar al Gobierno español para conseguir una posición favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó una posición sostenida durante décadas y calificó la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

La proximidad temporal es políticamente relevante. No prueba que aquella campaña de inteligencia causara el cambio de posición de Sánchez. No existe evidencia pública suficiente para establecer esa causalidad, y una decisión de política exterior puede responder a razones estratégicas completamente legítimas. Pero sí deja una pregunta democrática incómoda: ¿cómo evaluó el Ejecutivo una campaña de presión extranjera que, según su propio servicio de inteligencia, buscaba precisamente alterar la posición española sobre el Sáhara?

El socio que también es un objetivo de contrainteligencia

La relación entre Madrid y Rabat contiene una paradoja que a menudo desaparece del debate público. Marruecos no es simplemente una amenaza para los servicios españoles. Es también uno de sus socios operativos más valiosos.

En marzo de 2026, el Ministerio del Interior español afirmó que la cooperación con la DGST marroquí había permitido desarrollar 31 operaciones conjuntas contra el terrorismo yihadista desde 2014 y detener a 150 personas. En abril de 2025, Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la seguridad y la inteligencia interior marroquí, recibió en Rabat al jefe de Información de la Guardia Civil española. Las relaciones institucionales de alto nivel entre ambos aparatos se remontan, al menos públicamente, a décadas.

No hay contradicción profesional en cooperar con un servicio extranjero y vigilarlo al mismo tiempo. La inteligencia de Estado funciona con intereses, no con amistades permanentes. Un servicio puede proporcionar a España información decisiva sobre una célula yihadista y, simultáneamente, intentar conocer de forma clandestina una decisión española, vigilar a un opositor o captar una fuente. Cooperar no cancela la contrainteligencia.

Ese principio quedó expuesto con una crudeza poco habitual en marzo de 2026. La Audiencia Nacional avaló el despido de un trabajador del propio CNI producido en 2023. Un informe interno había concluido que determinadas circunstancias podían ser detectadas y explotadas por los servicios de inteligencia marroquíes y que ello representaba un grave riesgo para la seguridad del Centro. El fallo no demuestra que el agente fuera reclutado por Marruecos. Demuestra algo diferente: que dentro del servicio secreto español la capacidad de captación marroquí se trata como un riesgo de contrainteligencia suficientemente serio para afectar a la idoneidad de su propio personal.

El caso Pegasus y la disciplina de no afirmar lo que no sabemos

Ningún asunto ha proyectado más sombra sobre la relación de inteligencia entre España y Marruecos que Pegasus. Los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de varios ministros fueron infectados con el programa espía israelí en 2021. Las intrusiones están acreditadas. La autoría no lo está judicialmente.

La investigación española volvió a ser archivada en enero de 2026 por la falta de colaboración de Israel. Marruecos ha sido señalado públicamente en múltiples ocasiones, pero una sospecha geopolíticamente plausible no equivale a una atribución forense o judicial. Utilizar Pegasus como prueba de que Rabat dirige toda la arquitectura descrita en este artículo haría más débil, no más fuerte, la investigación.

Esa disciplina importa porque el caso marroquí no necesita rellenar huecos con la acusación más espectacular. Las sentencias, los informes del CNI conocidos públicamente y los propios protocolos de seguridad del servicio español ya documentan un problema de contrainteligencia persistente.

Qué forma tiene la arquitectura

Vista desde fuera, una red de inteligencia puede parecer una lista caótica de nombres y episodios. Vista por funciones, la estructura resulta más clara.

En la parte superior aparecen las prioridades estratégicas de los servicios marroquíes: el Sáhara, la política española, Ceuta y Melilla, la oposición y la diáspora. Debajo existe un nivel de coordinación oficial y acceso institucional. Varias sentencias hacen referencia a responsables de los servicios marroquíes destinados o actuando en España y, en casos concretos, a personas vinculadas profesionalmente a consulados. De nuevo, eso no convierte a las instituciones consulares en redes de espionaje: identifica determinados casos dentro de un entorno legítimo.

El siguiente nivel son los colaboradores locales. Algunos aparecen en España durante largos periodos y pueden tener nacionalidad, profesión, familia y vida cotidiana completamente ordinarias. Esa normalidad es parte de su valor potencial: acceso, confianza y baja visibilidad. El CNI ha descrito, en diferentes procedimientos, colaboraciones de años e incluso décadas.

Después vienen los objetivos y los mecanismos. Recogida de información sobre Polisario y diáspora; relaciones con actores comunitarios; captación de colaboradores; y, cuando el contexto lo requiere, mecanismos de influencia judicial, mediática o política. En 2021, el CNI hablaba incluso de “bastantes recursos, incluso económicos”. En 2026, información publicada sobre aquel periodo recordaba que el servicio había alertado de intentos de captar colaboradores en distintos ámbitos de España.

Esta topología no prueba que cada caso conocido dependa del mismo centro operativo ni que todos los actores se conozcan entre sí. La inteligencia moderna no necesita funcionar como una organización visible. Puede ser modular: un oficial, un contacto, una tarea concreta, una relación duradera y un objetivo. Lo que convierte los episodios en arquitectura es la repetición de funciones.

El problema español

España lleva décadas sabiendo que Marruecos combina cooperación y competencia. El episodio del telegrama de 1990 ocurrió bajo un Gobierno socialista. La estrategia descrita por el CNI en 2011 se conoció durante otro Ejecutivo socialista y continuó siendo relevante bajo gobiernos posteriores del Partido Popular y del PSOE. Los expedientes judiciales atraviesan diferentes legislaturas. Esto no es un problema atribuible a una sola sigla.

Pero que sea estructural no exime de responsabilidad política a cada Gobierno. Un Ejecutivo puede necesitar a Marruecos para controlar la migración, prevenir atentados, combatir el narcotráfico y gestionar una frontera compleja. Esa necesidad no debería reducir el escrutinio sobre operaciones de influencia, captación o espionaje. La dependencia operativa es precisamente una razón para reforzar la contrainteligencia, no para rebajarla.

El punto más delicado está en la frontera entre influencia legítima e influencia encubierta. Marruecos tiene derecho a defender sus posiciones mediante diplomacia, comunicación pública, lobbying y relaciones culturales. España tiene derecho a cambiar su política sobre el Sáhara. Lo que una democracia debe poder distinguir es cuándo un Estado extranjero deja de persuadir abiertamente y empieza a utilizar activos ocultos, financiación no transparente, captación o información obtenida clandestinamente.

La dificultad es que el éxito de una operación de inteligencia suele medirse por su invisibilidad. Los casos conocidos son, por definición, los que dejaron una huella suficiente para llegar a un informe, un expediente o una sentencia. Ningún análisis serio puede asumir que representan la totalidad de la actividad. Tampoco puede afirmar, sin evidencia, que exista mucho más. La respuesta profesional es trabajar con lo que puede demostrarse y mantener abierta la hipótesis de lo que todavía no puede demostrarse.

La red solo es invisible cuando se mira caso por caso

La relación entre España y Marruecos seguirá siendo estratégica. La geografía no ofrece otra opción. Compartir frontera, combatir el terrorismo, gestionar la migración, proteger el Estrecho y sostener miles de millones de euros en intercambios obliga a cooperar.

También seguirá siendo necesario proteger las instituciones españolas frente a la inteligencia marroquí. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.

El error sería convertir esa realidad en una narrativa étnica o religiosa, sospechando de comunidades enteras; o en una narrativa partidista, como si el problema hubiera empezado con el último Gobierno. El patrón documentado es más antiguo y más institucional que eso.

Lo que muestran las sentencias y los informes conocidos no es una película de espías. Es una forma de trabajo: cobertura oficial en casos determinados, colaboradores locales, objetivos persistentes, relaciones largas, recursos económicos y operaciones que pueden desplazarse de la obtención de información a la influencia.

La cooperación con Marruecos seguirá siendo necesaria. También seguirá siéndolo la contrainteligencia frente a Marruecos. La madurez estratégica consiste en aceptar ambas realidades sin convertir ninguna de ellas en propaganda.

La red no es invisible porque no existan indicios. Es invisible cuando cada indicio se lee solo.